“Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución”, decía el preámbulo de la Constitución de Santa Fe aprobada el 14 de abril de 1962. Casi medio siglo después y en el marco del día internacional de los trabajadores, es necesario decir que el desarrollo económico no tuvo en cuenta la justicia social y que detrás de cada conflicto gremial o social se dibuja nítidamente la continuidad de la matriz de los años noventa. Concentración de riquezas en pocas manos, precarización de condiciones de higiene y salud laboral, incremento de la jornada laboral a límites que convierten a las ocho horas en una materia de ciencia ficción, censura de prácticas gremiales, aumento de la productividad y explotación infantil en franco y dramático ascenso; son algunas de las características que se observan a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe. Las siguientes postales, por último, son la explicación de por qué en el ochenta por ciento de los últimos 1.042 convenios y acuerdos firmados entre sindicatos y cámaras o empresas, desde 2003 a la actualidad, solamente trataran aspectos salariales y que en el 17 por ciento de las paritarias se fijaran cláusulas de paz social, es decir, el compromiso de no llevar adelante medidas gremiales como paros o huelgas.