“DENTRO DE LA LEGALIDAD TODO, FUERA DE LA LEGALIDAD NADA”


Bajo el rótulo de “deuda externa”, otras veces llamada “deuda eterna” ó  “deuda pública”; se enmascararon un conjunto significativo de estafas. Estafas realizadas por estafadores. Estafadores de adentro y de afuera.

En sede judicial se hicieron denuncias y se abrieron expedientes. En la causa principal iniciada en 1982 por Alejandro Olmos, que se tramitó durante casi 2 décadas, con la comparecencia de los denunciados, el testimonio de funcionarios de más alto rango, con la intervención de peritos de 1º nivel, con las pruebas que se fueron acumulando en la niñez y adolescencia de la causa hasta cumplir los 18 años; el juez Jorge Ballestero llegó a la conclusión que la deuda argentina no tenía “justificación administrativa, económica, ni financiera”. Se trataba de una deuda ilegal de enorme magnitud. Conforme al art. 75 de nuestra Constitución trasladó el expediente al Congreso Nacional. A pesar de ser este el órgano de la Democracia con facultades para tratar el tema, volvió a renunciar a tomar cartas en el asunto; delegando en el Poder Ejecutivo el manejo discrecional de la misma. Cabe agregar que en la actualidad, en sede judicial se siguen tramitando otras causas referidas a re-negociaciones de la misma deuda fraudulenta.
En este contexto los argentinos nos debatimos en este dilema: la conveniencia de saber la verdad a través de una profunda investigación y hacer justicia delimitando el componente ilegal ó bajar la cabeza y pagar sin solución de continuidad.
El hecho de haber bajado la cabeza y pagar enormes sumas de dinero no ha logrado: a.- Legalizar lo que surgió como una estafa al pueblo argentino y b.- Pagar la deuda, ya que a pesar de los enormes esfuerzos y sacrificios de nuestro pueblo, esta siguió creciendo y nunca dejo de gravitar sobre nuestra política económica.

Desató, en cambio, importantes consecuencias negativas: a.- Aumento de la marginación y exclusión social, los que menos tienen son los que más aportan al pago de deuda a través de un régimen impositivo injusto y regresivo, b.- Deterioro de la inversión por la caída en “la tasa de ganancia” con la consecuente falta de trabajo y aumento estructural de la “tasa de desempleo”, c.- Fuga de capitales, d.- Ajuste permanente de los presupuestos nacional y provinciales, en áreas sensibles como salud, educación y obra pública.
Todo esto fue aportando al diseño de esta Argentina agro-minera-financiera de saqueo y depredación. Su influencia no ha sido menor si tomamos en cuenta que frente a cada re-negociación de la “deuda externa” los condicionamientos impuestos a través de los organismos financieros internacionales, en particular el FMI: apertura irrestricta de la economía, privatización de las empresas públicas, debilitamiento del Estado, liberalización de controles sobre nuestras riquezas, extranjerización de empresas, territorio y bienes naturales, fue dando origen a esta Argentina socialmente injusta, dependiente, atrasada y contaminada.
Nuestra propuesta es clara, el Congreso Nacional debe retomar sus facultades en plenitud, realizando una investigación/auditoría que nos lleve a conocer toda la verdad sobre el asunto. Para esto debería habilitar junto a los diputados y senadores encargados de la misión; a expertos juristas, economistas, administrativistas y financistas moralmente incuestionables; para que las conclusiones sean confiables y transparentes; libres de cualquier sospecha de arbitrariedad o parcialidad.

Seguidamente, en el marco de la Constitución, las leyes vigentes y en ejercicio de nuestra Soberanía, establecer una nueva política nacional sobre la deuda pública argentina.

Incompatible con estos principios es el “Fondo Colonial del Bicentenario”. La idea de reinserción de la Argentina en los mercados voluntarios de crédito, es una regresión “ingenua o malintencionada” de volver al 76 o los 90. Cuestionada como está en sede judicial, corresponde a los actores políticos esperar la resolución de otro Poder del Estado. O en su defecto emprender la investigación/auditoría a través del Congreso y suspender el pago de los reclamos cuestionados en su legalidad hasta que este de su veredicto.
Sostenemos que este asunto debe canalizarse a través de una Ley y no de un DNU. Pero no es esta la cuestión de fondo. Por eso rechazamos cualquier ardid, que plantee como alternativa la elaboración de una Ley cuyas consecuencias sean parecidas a las del DNU. Terminan pagando lo que no se debe y siguen ocultando la verdad sobre la estafa en curso. Allí están los que se sienten alternancia al gobierno actual, cuestionando las formas y compartiendo el contenido.

Quedará para la historia juzgar las políticas practicadas en estos 26 años de vida democrática, sobre la deuda heredada de la dictadura militar. Paradoja a desentrañar en el comportamiento de una dirigencia política elegida por el pueblo, que acepto sin chistar los enjuagues ilegales ejecutados por quienes hicieron negociados bajo el ejercicio del terrorismo de Estado.

Nuestra tarea actual es volver a la legalidad. Convocar a la opinión pública para que haga suya la necesidad de revisión de la deuda ilícita. Y hacer un esfuerzo para que las diversas representaciones políticas expresadas en el Congreso abandonen el terreno de lo ilícito y asuman la necesidad de ser un país en serio. Quienes quieran seguir apañando, ocultando y generando impunidad respecto a delitos tan graves de consecuencia continua, recibirán nuestro más enérgico repudio. En cambio, nos sentiremos compañeros de ruta de todos quienes breguen por saber la verdad y hacer justicia en esta causa. La solución última será política. Lo importante es que tenga en su horizonte la necesidad impostergable de liberar a nuestra Patria de este flagelo expoliador que tanto daño le ocasionó a la sociedad argentina.

Mario Mazzitelli
Secretario General del PSA en Proyecto Sur