El referente de Proyecto Sur Fernando 'Pino' Solanas dio su apoyo a la denuncia penal presentada por el abogado Ricardo Monner Sans y el ex diputado nacional Mario Cafiero, para los cuales el gobierno incurre con el mega-proyecto del 'tren bala' en posibles delitos de 'violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta agravada del patrimonio estatal' y que lleva adelante un 'asalto a las arcas públicas'.

El referente de Proyecto Sur Fernando 'Pino' Solanas dio su apoyo a la denuncia penal presentada por el abogado Ricardo Monner Sans y el ex diputado nacional Mario Cafiero, para los cuales el gobierno incurre con el mega-proyecto del 'tren bala' en posibles delitos de 'violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta agravada del patrimonio estatal' y que lleva adelante un 'asalto a las arcas públicas'.

Según Solanas, 'esta denuncia complementa la campaña 'No al tren bala, Sí al tren para Todos' que impulsa el Movimiento Proyecto Sur y otros espacios. 'Debemos frenar este proyecto aristocrático, que sólo utilizarán las clases pudientes, y encarar, con el mismo dinero, un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y sus industrias.'

'Venimos sosteniendo, como se enseña en la denuncia penal, que este negociado implicará que los argentinos emitamos nueva deuda externa por un monto muy superior al que dicen los papeles oficiales', afirmó Solanas. 'Esto va camino a ser un nuevo monumento a la corrupción, como lo son Yaciretá y Atucha II'.

El proyecto que según la presidenta Cristina Fernández llevará a la Argentina a dar un 'salto a la modernidad' debe enfrentar cada vez más obstáculos. Las críticas son cada vez más fuertes. A eso se han sumado actos de protesta, propuestas de reconstrucción del sistema ferroviario, acciones parlamentarias y, ahora, una denuncia ante los fueros federales para que se investigue esta obra que es calificada como 'asalto a las arcas públicas'.

La denuncia

La denuncia presentada por Monner Sans y Cafiero pide indagatoria para el actual titular de de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y los tres últimos responsables del Ministerio de Economía: Felisa Miceli, Miguel Peirano y Martín Losteau. En la denuncia, se explica que ha existido un doble engaño a la opinión pública para esconder el monto real de las obras, al referirlas a un hipotético 'Valor Actual' y no a su 'Valor Nominal', que es el que efectivamente costará la obra y será abonado a los contratistas. Tomando un informe oficial del CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas), el costo final de la obra sería de US$ 13.490 millones, muy lejos de los US$ 1.350 millones del 'Valor Actual' y los casi US$ 4.000 millones que se aprobaron en la estructura financiera.

Por otra parte, se denuncia incumplimiento de la ley de inversiones públicas por la ausencia de los estudios técnicos de factibilidad; que la licitación pública habría sido en realidad un acto ficticio, a los fines de disimular lo que en realidad es una adjudicación directa a favor del grupo ALSTOM; y que la estructura de financiamiento aprobada a favor del Banco Natixis, es sumamente ruinosa, por encerrar un desmedido seguro encubierto contra el default.

Según se lee en el documento de la denuncia, 'KPMG puso en conocimiento en Francia que ALSTOM enviaba pagos a paraísos fiscales, aunque tenía graves problemas financieros (…) Autoridades francesas y suizas la investigan por el posible PAGO DE SOBORNOS. La policía suiza se reunió en Brasil con la policía de este último país para avanzar en la investigación respecto del pago de sobornos de ALSTOM para triunfar en la adjudicación de un contrato de 45 millones de dólares en función de la expansión del subterráneo en San Pablo. Se la investiga, también respecto de distintos proyectos en Venezuela, Singapur e Indonesia. Está confesado por directivos de ALSTOM que pagaron sobornos. Las oficinas de esa empresa fueron allanadas. Giraban dineros a empresas fantasmas en Suiza y Liechtenstein.'

Por ello, los denunciantes se preguntan: '¿cómo se ha armado una ingeniería financiera que supera largamente el costo real de la obra? (…) ¿cuál es el costo -en el supuesto de que finalmente el TAVE (tren bala) se pusiera en movimiento- para cada usuario del servicio? ¿Por qué antes de empezar las obras la República Argentina debe pagar 670 millones de dólares?' Así, exhortan a la Justicia: 'Tiene el Juzgado una fecunda labor para evidenciar que estas cosas no reciben convalidación jurídica.'